El vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, ha elegido un momento cargado de incertidumbre por la próxima remodelación del Consell y de quinielas cruzadas sobre los posibles cambios en el Ejecutivo valenciano -de los que él mismo podría participar- para llevar adelante una revolución en el organigrama de la consejería de Bienestar Social. La principal medida prevista consiste en la creación de una dirección general de la Dependencia para impulsar la ley.Cotino anunció "cambios en profundidad, no cosméticos" en el departamento que dirige a la veintena de personas que el miércoles pasado asistieron a una reunión convocada para comunicar sus planes, según fuentes presentes. Al encuentro asistieron el director general de Acción Social y Mayores, Joaquín Martínez, el de Discapacitados, Pedro Hidalgo, así como el secretario autonómico, David Calatayud, el subsecretario, Mariano Vivancos, y jefes de área y de servicio afectados.
La creación de una dirección general de la Dependencia está destinada, como interpretan fuentes de Bienestar Social consultadas por este diario, a agilizar la aplicación de la ley en la Comunidad Valenciana, uno de los principales quebraderos de cabeza del responsable de la política social del Consell. El gesto lleva implícito el reconocimiento de que toda la estructura administrativa destinada a sacar adelante esta norma no estaba dando el resultado esperado.
Pese a producirse en un momento aparentemente inoportuno, el cambio no es tan extemporáneo. Cotino ha dedicado el primer año de legislatura a analizar el funcionamiento de su departamento con la vista puesta en adaptarlo a su gusto.
Otras de las medidas previstas -fuentes oficiales de la consejería evitaron confirmar o desmentir las intenciones de Cotino- son el cambio de denominación de la Dirección General de Discapacitados por el de Promoción de las Personas y la creación de una dirección general conjunta de la Mujer y Acción Social.
El diputado socialista Antonio Torres justifica los cambios, entre otros aspectos, en el "error" de encargar a la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, una empresa pública, la gestión de la ley de la Dependencia, en lugar de cederla a funcionarios de la consejería.Fuente el pais
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