La Generalitat deniega la ayuda de la dependencia a una mujer con un grado de minusvalía reconocido del 80%

La Generalitat Valenciana ha denegado la ayuda a la dependencia a una mujer de Catarroja de 75 años de edad que tiene un grado total de minusvalía del 80 por ciento así como reconocida la necesidad de tercera persona ya que, además, padece una pérdida visual grave tal y como le fue reconocido ya en el 2005, antes de que se promulgara la Ley de la Dependencia en el 2006.

O.P solicitó esta ayuda en diciembre del 2007 cuando ya tenía los informes médicos previos en los que se le reconocían tal situación de dependencia. Sin embargo, no ha sido reconocida por ninguno de los valoradores que ha dispuesto la Generalitat como paso previo para conceder las ayudas a la dependencia.

La única respuesta que ha recibido a su solicitud ha sido una carta de la Conselleria de Bienestar Social, en la que se le comunica que “del estudio de la documentación que obra en su expediente sobre reconocimiento de la situación de dependencia y tras una primera valoración, se detecta que no se encuentra en un grado y nivel de dependencia de los que la ley ampara en este momento”.

A continuación, se le asegura que “cuando se resuelva de forma expresa sobre su situación, desde la Conselleria se le remitirá la oportuna resolución de reconocimiento de Dependencia, si es el caso”.

Así lo ha denunciado hoy el grupo municipal socialista de Catarroja, que también ha informado de que disponen de dos modelos de reclamación de las ayudas a la dependencia a disposición de las personas que lo necesiten en Catarroja, tanto para aquellas a las que se les han denegado como para los que sufren el llamado 'silencio administrativo' al respecto.

Por último, han informado de que 385 personas han solicitado las ayudas a la dependencia de las cuales se han valorado a 176 y sólo 3 están recibiendo ya algún tipo de prestación económica. Sólo 2 trabajadores sociales dan cobertura en cuanto a atencióna a la dependencia no sólo a Catarroja sino también a Massanassa.Fuente horta 

Cotino cambia la consejería para impulsar la ley de la Dependencia

El vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, ha elegido un momento cargado de incertidumbre por la próxima remodelación del Consell y de quinielas cruzadas sobre los posibles cambios en el Ejecutivo valenciano -de los que él mismo podría participar- para llevar adelante una revolución en el organigrama de la consejería de Bienestar Social. La principal medida prevista consiste en la creación de una dirección general de la Dependencia para impulsar la ley.Cotino anunció "cambios en profundidad, no cosméticos" en el departamento que dirige a la veintena de personas que el miércoles pasado asistieron a una reunión convocada para comunicar sus planes, según fuentes presentes. Al encuentro asistieron el director general de Acción Social y Mayores, Joaquín Martínez, el de Discapacitados, Pedro Hidalgo, así como el secretario autonómico, David Calatayud, el subsecretario, Mariano Vivancos, y jefes de área y de servicio afectados.

La creación de una dirección general de la Dependencia está destinada, como interpretan fuentes de Bienestar Social consultadas por este diario, a agilizar la aplicación de la ley en la Comunidad Valenciana, uno de los principales quebraderos de cabeza del responsable de la política social del Consell. El gesto lleva implícito el reconocimiento de que toda la estructura administrativa destinada a sacar adelante esta norma no estaba dando el resultado esperado.

Pese a producirse en un momento aparentemente inoportuno, el cambio no es tan extemporáneo. Cotino ha dedicado el primer año de legislatura a analizar el funcionamiento de su departamento con la vista puesta en adaptarlo a su gusto.

Otras de las medidas previstas -fuentes oficiales de la consejería evitaron confirmar o desmentir las intenciones de Cotino- son el cambio de denominación de la Dirección General de Discapacitados por el de Promoción de las Personas y la creación de una dirección general conjunta de la Mujer y Acción Social.

El diputado socialista Antonio Torres justifica los cambios, entre otros aspectos, en el "error" de encargar a la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, una empresa pública, la gestión de la ley de la Dependencia, en lugar de cederla a funcionarios de la consejería.Fuente el pais

El PSPV acudirá a los tribunales para que se cumpla la Ley de Dependencia

Ninet respondió así a las preguntas de los periodistas sobre las críticas del colectivo de dependientes que no recibe las ayudas que contempla la Ley de Dependencia, y resaltó que van a "atender a los ciudadanos que necesitan de una oposición, que tanto molesta al PP, para atender sus necesidades y defender sus derechos donde toque".

En este sentido, la diputada socialista criticó el "largo culebrón de desatinos e injusticias que se están cometiendo con un colectivo que necesita la atención de los poderes públicos", como es el de los dependientes, que tienen "la desgracia de haber nacido en la Comunitat Valenciana y esperar que el Gobierno de la Generalitat, atienda a los ciudadanos, sobre todo, a los que se encuentran en una situación tan precaria como ellos".

Al respecto, relató que la situación con la que se encuentran estos ciudadanos es que "reciben una especie de oficio firmado por una asesora de servicio donde se le dice, de acuerdo a lo que parece ser que consta en un expediente que tampoco se facilita, que no tienen derecho a obtener las ayudas que la Ley de Dependencia prevé, pero, que ya se le comunicará por vía de resolución". Algo que, para Ninet, "no es serio", puesto que, en ocasiones, "el ciudadano recibe el expediente de la Conselleria antes de ser evaluado".

Según la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, los ciudadanos dependientes necesitan tener acceso a la información y que haya una resolución expresa sobre cada una de las situaciones, que además "se ajuste al procedimiento que establece la Ley".

Finalmente, Carmen Ninet indicó que podrían responsabilizar "única y exclusivamente" al conseller Juan Cotino de la situación de la Ley de Dependencia pero "desgraciadamente es una responsabilidad conjunta del Gobierno de la Generalitat y de Camps", que, a su juicio, "se dedica a actos de boato y mayor gloria en lugar de dedicarse a lo que tiene que hacer porque la ley le obliga".Fuente Panorama-actual.

Sólo siete personas han accedido a las ayudas de la Ley de Dependencia

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento han recibido 900 solicitudes, mientras que L'Entesa acusa al PP de paralizar la aplicación de este plan asistencial en la ciudad

J.LL. Sólo siete personas de Alcoy están recibiendo actualmente las ayudas previstas por la Ley de Dependencia, tras año y medio de aplicación de esta normativa. El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha tramitado 900 solicitudes, de las que 646 han sido valoradas. Estas cifras eran difundidas ayer por el concejal de L'Entesa Paco Agulló, que calificaba la situación de escandalosa y que responsabilizaba directamente al Partido Popular -en el Ayuntamiento y en la Generalitat- de la congelación de este plan de ayudas.Agulló se mostraba muy crítico en torno a esta situación, señalando que "la cifra preocupante es que sólo se hayan reconocido siete prestaciones o ayudas. Si miramos las proporción (7/900) hay casi más probabilidades de ganar en la lotería o en los ciegos que de que te reconozcan lo que te toca por ley".El edil de L'Entesa acusa al PP de frustrar las expectativas generadas por esta ley del Gobierno central y afirma que "las prioridades del gobierno Camps son el autobombo, la propaganda y los grandes acontecimientos y se olvidan de las necesidades básicas de la ciudadanías". Asimismo, también se acusa de pasividad al gobierno municipal de Jorge Sedano, "que no encabeza la reivindicación para exigir a la Generalitat un cambio de actitud. Están más pendientes de taparle las faltas y no están trabajando por los ciudadanos a los que representan".Las críticas de L'Entesa se extienden también a la concejala delegada de Bienestar Social, Lucía Granados. Se acusa a esta edil de dar poca información sobre el tema, con el fin de ocultarle a la opinión pública los bajos níveles de aplicación de la Ley de Dependencia en Alcoy. Paco Agulló denuncia una gran falta de recursos económicos para temas sociales.Lluís Torró, diputado autonómico de L'Entesa, denunciará esta situación ante las Cortes Valencianas. El parlamentario alcoyano señalará el bajo nivel de aplicación de estas ayudas en la comarca y preguntará sobre el destino que le ha dado la Generalitat a los fondos destinados a atender a personas con dependencias. Torró indica que la Comunidad es la última en cumplir esta ley.Fuente diarioinformacion

DE COSPEDAL PROPONE UNIFICAR CRITERIOS

La secretaria general realizó esta propuesta durante la primera reunión de la dirección popular tras las vacaciones. Además, propuso también que se unifiquen criterios en otras dos cuestiones: Sanidad y Ley de Dependencia. En este último asunto, los populares están insistiendo en la necesidad de que la financiación de la Ley de Dependencia se incluya en la financiación autonómica porque son las CCAA quienes tienen que ponerla en práctica.

En cuanto a la asignatura sobre Educación para la Ciudadanía, Mariano Rajoy afirmó este martes ante los periodistas tras la reunión del Comité Ejecutivo que está "en contra" de ella porque, a su juicio, supone "un adoctrinamiento" hacia los alumnos que cursen la asignatura y además "no tiene ninguna utilidad" puesto que los valores, dijo, se estudian en "la vida misma".

También mostró su optimismo por el hecho de que, "por suerte", haya "muchos tribunales" que así lo reconocen. "Esa es la posición de la inmensa mayoría de mi partido y de la inmensa mayoría de los tribunales", agregó.

El anuncio de Cospedal se produce al día siguiente de que el Gobierno de Esperanza Aguirre diera a conocer qué hará con los alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía. Así, los alumnos de la Comunidad de Madrid que objeten este próximo curso a esta asignatura en 2º o 4º de la ESO realizarán tareas de voluntariado en el centro escolar o trabajos relacionados con lo establecido en el currículum escolar respecto a la Constitución Española o los Derechos Humanos.

La consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, explicó que, como aún no hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, de momento, lo que harán será "hacer el trabajo que determine cada centro educativo sobre asuntos que tengan que ver con el currículum de la Comunidad de Madrid". "Ahora mismo hay dos tribunales superiores de Justicia, el de La Rioja y el de Andalucía, que han respaldado la objeción. Esa doctrina la iremos aplicando en la Comunidad, puesto que esos tribunales han dicho que la asignatura lesiona derechos fundamentales de la familias", matizó.

Según Aguirre, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, "en general, y especialmente algunos manuales que se han publicado, es un intento de adoctrinamiento que tiene que ver con la voluntad de que los niños piensen todos igual en unas determinadas cuestiones".

"Nosotros entendemos que la formación moral se la tiene que dar a cada niño su familia, y eso es lo que dice la Constitución, que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos", concretó Aguirre, quien, a su vez, aseguró que en la Comunidad de Madrid "no va a haber ningún problema con la asignatura" puesto que han puesto un currículum y un temario "que realmente lo que hace es defender los valores y los principios institucionales", agregó.

No obstante, entiende que puede haber padres no quiera "que sus hijos puedan recibir principios morales o éticos que se aparten de sus propias convicciones", y por ello, indicó que como hay sentencias en distintos tribunales que reconocen este derecho, "la Comunidad amparará la objeción de estos padres".

Algunas comunidades comenzaron a impartir la asignatura el pasado curso. Este año le toca el turno a la Comunidad de Madrid, cuyos centros tendrán que impartir la asignatura en 2º y 4º de la ESO. Hasta este lunes, a quince días de empezar el curso, se desconocía qué iba a pasar con los alumnos que decidieran objetar.Fuente madriddiario.es