Los ancianos que tengan una vivienda en propiedad deberán pagar más por la plaza en la residencia que les corresponda, según la Ley de Dependencia. Salvo que tengan personas a su cargo, como una pareja, un ascendiente o hijos menores de 25 años que continúen viviendo en ella. Así se ha negociado entre las comunidades autónomas y el Gobierno, que estos días ultiman los criterios que determinarán la aportación de los ancianos y discapacitados para pagar el servicio que reciban.
El usuario pudiente acabará yéndose a centros privados, según los sindicatos
La ley, aunque universaliza las prestaciones para quien las necesite, establece una financiación a tres bandas: Gobierno, autonomías y el propio usuario. El decreto del copago (o sea, lo que aportará el usuario), a cuyo borrador ha tenido acceso este periódico, es el que ahora se está discutiendo. Y aún faltaría otro para completar la ley, el de acreditación de los centros que prestan servicios a los dependientes; en él se determinarán las condiciones de los geriátricos y de su personal.
La renta media no es igual en todas las comunidades autónomas, por eso aquellas donde los ciudadanos tienen menor capacidad económica tendrán que hacer un mayor esfuerzo inversor para solventar esta carencia. Los sindicatos siempre se han manifestado en contra de que los usuarios paguen, de forma global, más de un tercio del coste de los servicios. Si se ven obligados a desembolsar mucho dinero acabarán yéndose a las residencias privadas, alegan, o pidiendo una pequeña paga económica, algo que desvirtuaría por completo el espíritu de la ley. Pero esta condición, que lo que aportan los usuarios no supere un tercio del coste, es más difícil de cumplir en las comunidades pobres. Ésa es la razón por la que algunas autonomías demandan más financiación al Gobierno para poder atender adecuadamente estos servicios.
La Ley de Dependencia deja fuera de cualquier pago a las personas en peor situación económica, algo que en el decreto del copago se detalla: no aportarán nada de su bolsillo quienes no superen el indicador público de renta de efectos múltiples (el Iprem), que ahora está en 516 euros mensuales. Eso se especifica en el caso de que reciban ayudas distintas de una plaza de residencia.
El escollo de la negociación está en determinar cuánto aportarán los que tengan que ingresar en un geriátrico. Su vivienda computará a la hora de determinar su capital y cuánto ha de aportar. Algunas comunidades sugieren recurrir a una fórmula que ya utilizan: que esa vivienda sea objeto de una hipoteca inversa, es decir, que el anciano reciba una renta al mes a cambio de su casa, salvo que sus herederos quisieran recuperarla pagando la deuda. De esta manera, dicen, el anciano tendría capacidad económica para afrontar el pago de los servicios. Los sindicatos, que también negocian este decreto, rechazan que la vivienda habitual compute. Pero así será. Su valor se determinará por el catastro, que suele ser más bajo que el precio real de la casa.
En el borrador del decreto se recoge que el usuario ha de hacerse cargo de los costes hoteleros y de manutención que se le presten en una residencia cuando tenga ingresos suficientes. Las administraciones fijarán un precio de referencia por la plaza del geriátrico y el anciano pagará parte de él. La horquilla que se negocia va del 70% al 90% del capital de que dispone. El resto sería dinero de bolsillo del que dispondría el usuario para sus gastos. Una de las grandes discusiones en la negociación de este decreto es precisamente ésta, las tasas que han de pagar los usuarios en función de su renta. Algunas autonomías han propuesto que el dependiente pague hasta el 100% del servicio hotelero y de manutención que recibe en la residencia si tiene una renta superior a los 1.500 euros, es decir, tres veces el Iprem.
Y aún no hay acuerdo sobre si computará la vivienda en propiedad para determinar el coste que afrontará el dependiente que reciba un servicio a domicilio o que acceda a un centro de día.
Las comunidades insisten en el ahogo económico que les supone esta ley y piden más esfuerzo al Gobierno. De los 1.200 millones que se han presupuestado para este año desde el Ejecutivo, las autonomías quieren que el 50% se les entregue para afrontar los costes de la norma, sin que esté vinculado necesariamente al número de personas atendidas.
El Ejecutivo responde que debe conocer exactamente en qué se está empleando ese dinero y qué cantidades presupuestan, a su vez, las autonomías para la ley. Las comunidades ya han pasado al ordenador central de la dependencia la información de qué servicio concreto se está prestando, pero sólo del 55% de las 378.000 personas que ya tienen reconocido el derecho a una ayuda. De ésas, 69.000 son prestaciones económicas al familiar que atiende a un mayor o discapacitado, algo que la ley contempla sólo de forma excepcional, porque se pretende que las mujeres que cuidan a los ancianos o enfermos puedan disponer de libertad para trabajar fuera de casa o disfrutar plenamente de su jubilación.
Por ahora no parece ser así. Uno de cada dos cuidadores no se ha dado de alta en la Seguridad Social, algo que es obligatorio. Eso significa que están exentos de hacerlo porque ya son pensionistas o porque están dados de alta por su trabajo fuera de casa.
Renta y aportación
- La capacidad económica del beneficiario será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5% de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad, un 3% de los 35 a los 65 años y un 1% a los menores de 35 años.
- En el caso de aquellos cónyuges en régimen de gananciales se entenderá como renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.
- Las personas que cuando entre en vigor el decreto estuvieran ya siendo atendidas en centros públicos o concertados pagarán lo mismo, a menos que con la nueva regulación les resulte más ventajoso.
- La cuantía de la prestación económica vinculada a un determinado servicio no podrá, en ningún caso, ser superior a la aportación del beneficiario por el coste de la prestación que está recibiendo.
