EU exige que se agilice la tramitación de las ayudas a la dependencia

Marcos expresó su "preocupación ante de las dificultades para conseguir el reconocimiento y pago de las ayudas a la dependencia reconocidas en la Ley". Afirmó que el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, "cifró en 30.000 las personas con derecho a la prestación" en la Comunitat con informes completados y remarcó que en Alicante y Elche "sólo se han hecho efectivas hasta el momento 12 ayudas".Indicó que estas subvenciones "son un derecho subjetivo reconocido legalmente del que ya se han cumplido ampliamente los plazos para su implantación, pero el acceso a las mismas continúa siendo minoritario y las familias continúan esperando". La responsable de EUPV calificó "de vergüenza ajena el partido de tenis que juegan el Consell de Camps y el Gobierno de Zapatero a expensas de las personas dependientes". "Es cierto que el Consell ha hecho más por entorpecer la aplicación de la ley que por agilizarla, y, según parece, ha gastado fondos recibidos para estas prestaciones en otras cosas, pero también es cierto que las partidas presupuestarias para las ayudas que la ley establece como derechos no están garantizadas por el Gobierno", criticó la coordinadora de Esquerra Unida. Glòria Marcos afirmó que Zapatero "quiso apuntarse él sólo el éxito de la ley de Dependencia, pero dejó su aplicación práctica a expensas de la gestión y la cofinanciación por parte de las comunidades autónomas". "La verdad es que la Generalitat valenciana está a la cola en prestaciones reconocidas, pero tampoco las comunidades con gobiernos del PSOE han cubierto las expectativas", afirmó la diputada, quien se lamentó de "tener al frente de la Generalitat un gobierno inepto en la gestión y oportunista en la política, puesto que prefiere utilizar el tema de la dependencia para confrontar con el PSOE en lugar de para beneficiar a las personas necesitadas". La coordinadora de EUPV remarcó que su formación "apoyó el desarrollo de un sistema público de atención a las personas dependientes, por lo que supone de avance en el sistema de protección social, y ahora, ante la crisis, pensamos que es una buena fuente de creación de puestos de trabajo". Por ello, dijo, "exigimos más recursos económicos al Gobierno de Zapatero y más compromiso en su tramitación y apoyo a los ayuntamientos al Consell de Camps".

La Ley de Dependencia arranca de forma desigual entre comunidades

Asturias, la Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra, entre otras, empezaron ayer el primer paso de la aplicación de la nueva ley de dependencia. Este proceso consiste en la solicitud de la evaluación de la discapacidad, paso previo a tener acceso a las ayudas, que este año serán sólo para los grandes dependientes.
El Principado, gobernado por PSOE y la coalición de IU y Bloque por Asturies (BA), abrió ayer el plazo para tramitar las solicitudes. Se calcula que en Asturias hay más de 6.000 personas que podrían tener derecho a una prestación. Más de la mitad de ellas ya reciben desde el año pasado algún tipo de asistencia por parte de la comunidad autónoma.
Para comenzar a aplicar la nueva ley, los centros sociales de titularidad municipal de los 78 ayuntamientos asturianos cuentan desde ayer con los impresos para reclamar las ayudas. Los solicitantes deben acompañar este documento con el certificado médico de su centro de salud sobre la situación de la persona dependiente, con un certificado de empadronamiento y con fotocopia del documento nacional de identidad.
Sólo en el Ayuntamiento de Gijón, el municipio más habitado de Asturias con 273.931, se atendieron ayer a 435 solicitantes para acogerse a la Ley de Dependencia. El Principado ha contratado a 52 evaluadores que visitarán a los solicitantes en sus domicilios y verificarán su grado de dependencia.
Acusaciones del PP
El PP asturiano acusó al ejecutivo autonómico de "infantil" y de hipotecar al próximo Gobierno regional al aplicar la ley sin esperar, como el resto de las autonomías, a que el Gobierno central y las comunidades pacten las cuantías de las prestaciones y se aprueben los dos decretos pendientes. La consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González, de IU, sostuvo que, una vez aprobado el criterio de evaluación, nada impide iniciar la tramitación con la recogida de las solicitudes y el estudio, caso por caso, del grado de dependencia de cada demandante de acuerdo con el baremo publicado el sábado en el BOE, y reprochó al PP que "desde el principio haya querido obstaculizar la que puede ser la ley estrella de la legislatura". González opina que lo que hace Asturias es "ganar tiempo", iniciando ya los trámites de solicitud.
Pese a su rechazo en el Consejo, la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, también tuvo ayer su primer demandante de ayuda, un hombre de 91 años con las dos piernas amputadas. Los madrileños también comenzaron a presentar hoy las peticiones, aunque según fuentes de la consejería de Familia y Asuntos Sociales "la aplicación informática común que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene que proporcionar a todas las regiones aún no está disponible, por lo que es imposible proceder a la baremación".Fuente el Pais